http://www.elcomerciodigital.com/gijon/prensa/20090219/oriente/dimite-venceras-20090219.html
Por pedir que no quede. Los partidos políticos del concejo de Ribadesella parecen haber iniciado una competición para ver quién pide más dimisiones del grupo rival. La veda la abría el alcalde, el socialista Ramón Canal, en la sesión plenaria del pasado 4 de febrero. Allí pidió la dimisión de los dos portavoces del Partido Popular por traición. Tres días después el PP pedía la dimisión del alcalde por amenazas y a la semana siguiente ampliaba su petición hacia el concejal de Turismo por presuntas acusaciones de acoso y persecución laboral a una trabajadora. IU se sumaba a esta última petición reclamando su cese en el caso de que así se demostrara. Pues en el día de ayer también entró en competición el único grupo político organizado en el concejo sin representación municipal.
Andecha Astur reclamó la dimisión inmediata del concejal de Izquierda Unida responsable del urbanismo y medio ambiente local, Francisco Vázquez, por la «preocupante apatía y desinterés» demostrada en el caso del cierre de fincas y movimiento de tierras ejecutados en la zona de Guadamía. Una actitud que consideran refrendada por el mismo concejal al reconocer que se cometió un error en la concesión de la licencia de obras concedida a nombre de la empresa Pumaradas Guadamía. Andecha cree que Vázquez «ha perdido la credibilidad que le presuponíamos» y que ha quedado incapacitado para gestionar el desarrollo del Plan General de Ordenación del concejo, actualmente en fase de redacción.
En Andecha le hacen responsable de todo lo que está ocurriendo en el entorno de la desembocadura del río Guadamía por «dejación de funciones» y por no prestar mayor atención a las denuncias vecinales. «Todavía no se dignó a acercarse a conocer in situ las diferentes obras que está llevando a cabo la empresa denunciada, todas ellas con irregularidades, y sin embargo ya reconoció el primer patinazo del Gobierno con el cierre de la playa, pero no se preocupa de ir a ver las restantes y evitar que vuelvan a hacer el ridículo, tirando balones fuera y eludiendo cualquier responsabilidad», denunció Andecha en un comunicado. Se refieren a los últimos trabajos ejecutados en las zonas de Toskila e inmediaciones del Cuetu Samartín en la ribera del río. «Puede dar la impresión de que tiene algún interés en que la empresa termine las obras con rapidez y sin más complicaciones legales de las que ya tiene, así que lo mejor es que el concejal dimita para no seguir perdiendo credibilidad y para que los vecinos no se sientan vilipendiados y estafados», concluyó Andecha.
Juego político
El primero en salir en defensa de Francisco Vázquez fue el alcalde de Ribadesella. Ramón Canal cree que «no hay motivos» para pedir su dimisión, aunque se manifestó respetuoso con las decisiones adoptadas por la formación que así lo demanda «porque esto forma parte del juego político». Canal aclaró que lo ocurrido «puede deberse a un error». «Si es así, rectificar es de sabios y no creo que haya mayor problema», añadió en defensa de su socio de Gobierno. Según explicó, todo puede deberse a la existencia de «dos normativas contrapuestas» en la zona, las que establecen la Dirección General de Costas por un lado y el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano por otro. «Ninguna de las dos aclara las competencias de las licencias en esa zona ni tampoco el tipo de cierre que debe autorizarse. Pero lo que está claro es que la empresa se extralimitó en sus trabajos y que tanto el Principado como el Ayuntamiento actuaron correctamente abriendo expedientes sancionadores y paralizando las obras».
Andecha Astur reclamó la dimisión inmediata del concejal de Izquierda Unida responsable del urbanismo y medio ambiente local, Francisco Vázquez, por la «preocupante apatía y desinterés» demostrada en el caso del cierre de fincas y movimiento de tierras ejecutados en la zona de Guadamía. Una actitud que consideran refrendada por el mismo concejal al reconocer que se cometió un error en la concesión de la licencia de obras concedida a nombre de la empresa Pumaradas Guadamía. Andecha cree que Vázquez «ha perdido la credibilidad que le presuponíamos» y que ha quedado incapacitado para gestionar el desarrollo del Plan General de Ordenación del concejo, actualmente en fase de redacción.
En Andecha le hacen responsable de todo lo que está ocurriendo en el entorno de la desembocadura del río Guadamía por «dejación de funciones» y por no prestar mayor atención a las denuncias vecinales. «Todavía no se dignó a acercarse a conocer in situ las diferentes obras que está llevando a cabo la empresa denunciada, todas ellas con irregularidades, y sin embargo ya reconoció el primer patinazo del Gobierno con el cierre de la playa, pero no se preocupa de ir a ver las restantes y evitar que vuelvan a hacer el ridículo, tirando balones fuera y eludiendo cualquier responsabilidad», denunció Andecha en un comunicado. Se refieren a los últimos trabajos ejecutados en las zonas de Toskila e inmediaciones del Cuetu Samartín en la ribera del río. «Puede dar la impresión de que tiene algún interés en que la empresa termine las obras con rapidez y sin más complicaciones legales de las que ya tiene, así que lo mejor es que el concejal dimita para no seguir perdiendo credibilidad y para que los vecinos no se sientan vilipendiados y estafados», concluyó Andecha.
Juego político
El primero en salir en defensa de Francisco Vázquez fue el alcalde de Ribadesella. Ramón Canal cree que «no hay motivos» para pedir su dimisión, aunque se manifestó respetuoso con las decisiones adoptadas por la formación que así lo demanda «porque esto forma parte del juego político». Canal aclaró que lo ocurrido «puede deberse a un error». «Si es así, rectificar es de sabios y no creo que haya mayor problema», añadió en defensa de su socio de Gobierno. Según explicó, todo puede deberse a la existencia de «dos normativas contrapuestas» en la zona, las que establecen la Dirección General de Costas por un lado y el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano por otro. «Ninguna de las dos aclara las competencias de las licencias en esa zona ni tampoco el tipo de cierre que debe autorizarse. Pero lo que está claro es que la empresa se extralimitó en sus trabajos y que tanto el Principado como el Ayuntamiento actuaron correctamente abriendo expedientes sancionadores y paralizando las obras».
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